El Gobierno mexicano dio a conocer un decreto que busca obligar a las plataformas digitales a eliminar contenidos que inciten a la violencia, el odio, el abuso y el acoso, enfocándose especialmente en la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta acción pretende crear espacios digitales más seguros, evitando que las redes sociales se conviertan en lugares que promuevan conductas violentas entre la juventud.

El decreto establece que las plataformas tendrán la obligación de identificar y eliminar publicaciones que inciten directamente a la violencia, además de notificar a las autoridades correspondientes sobre estos contenidos.

Esta propuesta surgió como respuesta a varios incidentes violentos ocurridos en escuelas del país, donde las autoridades detectaron posibles conexiones entre los agresores y comunidades digitales que difundían mensajes o conductas violentas.

Sheinbaum indicó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal evaluará el alcance de esta medida y decidirá si es necesario promover legislación adicional para fortalecer las responsabilidades de las empresas tecnológicas.

Entre los tipos de contenidos que se buscan erradicar están los discursos de odio, el extremismo violento, el abuso, la explotación y la violencia sexual, especialmente cuando amenacen la integridad de menores.

La estrategia también incluye el fortalecimiento de acciones preventivas en las escuelas, a través del programa ABC de las emociones, y fomenta una mayor participación de madres, padres y cuidadores en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.

El Gobierno federal busca que las empresas que gestionan las plataformas digitales adopten un rol más activo en la prevención de riesgos y en la atención rápida a publicaciones que puedan incitar a conductas agresivas.

Con esta iniciativa, la administración federal pretende reforzar la seguridad en internet y evitar que la circulación de contenidos violentos contribuya a la generación de nuevas situaciones de riesgo dentro y fuera de las instituciones educativas.