La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo rubricó el decreto que impone la nacionalidad mexicana exclusiva como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, alguna gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esta reforma fue ratificada con anterioridad por el Senado, la Cámara de Diputados y 22 congresos estatales.

Con esta enmienda constitucional, las personas que posean una nacionalidad adicional deberán renunciar a ella antes de inscribirse como candidatas o candidatos a dichos cargos. El propósito es asegurar que quienes dirijan los gobiernos federal y estatales prioricen el interés y la soberanía de México.

El decreto también estipula que quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán adquirir ni solicitar ninguna otra nacionalidad durante su mandato, ni podrán invocar ante autoridades extranjeras una ciudadanía diferente a la mexicana.

De igual forma, se limita el uso de pasaportes o documentos de identidad emitidos por otros países, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y la posibilidad de solicitar protección diplomática en el extranjero.

Esta reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, los cuales regulan los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Según el Gobierno de México, la medida pretende fortalecer la soberanía nacional y prevenir posibles conflictos de interés o influencias extranjeras en quienes desempeñen las principales responsabilidades del Poder Ejecutivo.

La nueva disposición entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2028, tal como lo explicó previamente la Consejería Jurídica de la Presidencia. Esto implica que no afectará las reglas de los procesos electorales actualmente en desarrollo.

Con la firma de este decreto, el Gobierno federal oficializa una reforma que pretende establecer la nacionalidad mexicana única como condición indispensable para quienes aspiren a dirigir el Poder Ejecutivo federal, así como los gobiernos estatales y de la Ciudad de México.