Tras las lluvias del 27 de marzo de 2025, diversas colonias quedaron bajo el agua.
Reynosa se hunde en corrupción: desvían más de 200 mdp en presa que nunca funcionó. Más de 200 millones de pesos fueron ejercidos en una obra hidráulica que no logró evitar las inundaciones en marzo de 2025. Las autoridades locales aseguran que el proyecto está en proceso, pero persisten las dudas sobre su ejecución y legalidad.
El proyecto de la presa Rompepicos “El Águila” fue presentado como una solución a los históricos problemas de inundaciones en Reynosa. De acuerdo con el gobierno municipal, su construcción permitiría controlar el flujo pluvial, salvaguardar viviendas y mejorar la seguridad hidráulica de al menos 47 mil personas.
Sin embargo, tras las lluvias del 27 de marzo de 2025, diversas colonias quedaron bajo el agua, tres personas fallecieron y miles más resultaron damnificadas. El evento encendió las alarmas sobre el estado real de la obra y el uso de los recursos públicos invertidos en ella.
Recursos ejercidos y contratos revisados
De acuerdo con documentación pública obtenida a través de solicitudes de transparencia, se han invertido más de 200 millones de pesos en la construcción de la presa. Entre los contratos más relevantes se encuentran los identificados como:
- SOP-REY-RAMO-28 RFE-018-2023-LP
- SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP
- SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP
Estos contratos fueron financiados con recursos municipales y adjudicados a distintas empresas que, según versiones periodísticas, comparten nexos legales y comerciales.
Postura del alcalde y versiones oficiales
En entrevista con medios de comunicación, el alcalde Carlos Peña Ortiz declaró que la obra forma parte de un proyecto de largo plazo que contempla la construcción de nueve presas en total. Afirmó que la primera etapa está concluida y que se prevé la participación del sector privado en fases posteriores.
“Estamos terminando la primera fase. Es un proyecto a 15 o 20 años… ya invertimos 130 millones, el resto será financiado por la iniciativa privada”, dijo el edil.
Sin embargo, los contratos obtenidos hasta ahora no muestran evidencia de un modelo público-privado, ni figura legal que respalde dicha colaboración.
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