El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, admitió que se registraron excesos en el uso de la fuerza y detenciones indebidas durante la protesta que tuvo lugar el domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos manifestaron su inconformidad por la mala calidad del agua que reciben en sus hogares. El mandatario reconoció que el operativo policial presentó serias fallas y que la situación se salió de control.

Después de analizar numerosos videos de los sucesos frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, Lemus aceptó que algunos agentes de seguridad cometieron abusos durante la manifestación. También reconoció que no debieron usar chorros de agua ni gases para dispersar a los manifestantes.

El gobernador informó que todas las personas detenidas en esa jornada recuperaron su libertad. Según los informes, fueron 39 los arrestados luego de los incidentes, en una protesta que comenzó por el descontento ciudadano debido al suministro de agua turbia, con olores desagradables y presuntas condiciones contaminantes.

Lemus anunció el inicio de una investigación interna para aclarar lo sucedido y establecer posibles sanciones para los policías implicados. Este proceso contará con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el fin de determinar responsabilidades y asegurar la reparación del daño a las personas afectadas.

El reconocimiento del gobernador se dio tras las críticas generadas por las detenciones y la actuación de los cuerpos policiales, así como por los cuestionamientos de familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre el trato hacia los manifestantes. El caso también ejerció presión política para que las autoridades estatales esclarecieran los hechos.

Además, el gobernador afirmó que los excesos cometidos por los agentes policiales no quedarán impunes y señaló que su administración debe garantizar que situaciones similares no se repitan. La investigación deberá determinar el nivel de responsabilidad de cada elemento involucrado.

En medio de la controversia, Lemus también defendió el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y negó que esta iniciativa implique la privatización del servicio de agua potable, la contratación de deuda pública o el aumento de tarifas para los usuarios.