Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica como delito el reclutamiento criminal y establece penas privativas de libertad para quienes incorporen personas a grupos delictivos, con el propósito de eliminar vacíos legales y fortalecer la protección a las víctimas.
El dictamen fue respaldado con 419 votos a favor y modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, buscando sancionar a quienes capten, induzcan o recluten individuos para integrarlos en organizaciones criminales o involucrarlos en actividades ilegales.
Según la reforma, quienes incurran en este delito enfrentarán penas de prisión que van de 10 a 20 años, así como multas que oscilarán entre 5 mil y 50 mil días. En caso de que el reclutamiento se realice mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las sanciones se incrementarán a 15 a 25 años de cárcel, además de multas que irán de 10 mil a 80 mil días.
